AMOR

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Si la Ley de Deporte no obliga a las ligas a realizar controles antidopaje ni a luchar contra el uso de sustancias ilícitas, una tarea que corresponde al ministerio del área, ¿por qué la Liga Venezolana de Beisbol Profesional emprendió el año pasado la complicada tarea de diseñar una política de controles?

“Para tener un juego limpio de verdad”, responde Oscar Prieto Párraga, su presidente.

Hubo muchas razones de sospecha en torneos anteriores. Hubo intentos fallidos de ejercer controles, también. Algunos peloteros dieron positivo en las últimas pruebas realizadas por el IND y la noticia se mantuvo en reserva.

Alex Cabrera se convirtió en el primer líder jonronero con 40 años de edad en la historia del deporte profesional, en cualquier circuito del mundo, y semanas después, fue suspendido en México, al aparecer trazas de esteroides en sus muestras de orina.

La polémica que todo eso trajo, la mala imagen que ha sufrido el espectáculo, llevó a la liga a tomar la iniciativa de diseñar su propia política para luchar contra el uso de sustancias dopantes. Prieto Párraga lo considera un logro. Y es cierto, tiene razón.

El proceso que se llevó a cabo durante la justa recién finalizada “fue excelente”, resumió el ejecutivo. “Hubo gran disposición y receptividad de los equipos y los peloteros”.

Se tomaron alrededor de un centenar de muestras. Alrededor de una decena de casos resultaron positivos.

Todo el proceso, ese logro formidable, ese paso ejemplarizante frente a otras ligas locales, está a punto de desvanecerse ante la posibilidad de que se mantengan en secreto los nombres de los infractores.

Ya el hecho de demorar las suspensiones para la campaña entrante, quizás inevitable, puede permitir irregularidades, que deben obligar a pensar en tomar medidas adicionales con vistas al futuro. 

(Toda suspensión al inicio de un torneo obliga a colocar al jugador amonestado en el roster de la primera semana. Normalmente, son muchos los peloteros que no ven acción en octubre o noviembre. Un sancionado que planee reportarse en diciembre puede cumplir el castigo sin en realidad cumplirlo, al aparecer en el roster inicial de octubre y dejar que corra el tiempo de la sanción mientras él continúa tomando sus vacaciones, como tenía previsto hacer desde un principio. Finalmente, se reportaría en la fecha en que lo había planeado, sin perjuicio para él. Es un ejemplo de cómo se puede evadir la pena en las actuales circunstancias.) 

Ahora bien, suspenderlos “de incógnito”, como ha sugerido el presidente de la LVBP, sin dar conocer quiénes son los castigados, entraña mayores peligros.

Primero que nada, es una violación al propio reglamento, que en su artículo 26 ordena al Comité Antidopaje hacer públicos los casos positivos, una vez que estén firme y definitivamente probados.

Suspenderlos así es una concesión con aquellos que han puesto en riesgo la imagen del deporte que amamos, el deporte en el que cientos de peloteros se ganan el pan y su reputación de un modo limpio y sin trampas. La suspensión entraña una sanción moral que pesa y ayuda tanto como la sanción reglamentaria.

Hacerlo de incógnito implica castigar a los infractores, pero permitirles mantener el reconocimiento público por lo hecho en la pasada zafra, los aplausos y la admiración por los números que malamente consiguieron.

Significa no saber qué importados cayeron, puesto que la mayoría, sino todos, no estarán aquí en la venidera justa.

Y algo mucho más delicado: será indefendible la idea de que se está luchando por un juego verdaderamente limpio. ¿Cómo asegurar que alguien es inocente, si no está claro quiénes son los culpables, sabiendo que los hay? ¿Cómo borrar la sospecha general de que hay algo que se quiere ocultar, así no sea esa la intención?

La LVBP, su directiva y el Comité Antidopaje están integrados por personas de bien, honestas y honorables. Que lo sepa la afición. Que se aplique el reglamento, para bien de nuestro beisbol.

Publicado en El Nacional, el domingo 15 de febrero de 2015.

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